Corrupción mediática en Colima

De haber sido considerada una de las ciudades más pacíficas del país, Colima hoy ocupa, lamentablemente, el primer lugar en violencia a nivel nacional, contando con tres municipios que están entre los diez más golpeados por la delincuencia: Tecomán, Colima y Manzanillo, este último ya con más de cincuenta homicidios dolosos en lo que va de este mes.

Diversos medios internacionales (como el propio The Guardian) han mostrado el incremento exponencial de la violencia por cada cien mil habitantes en una entidad cuyas autoridades han sido rebasadas por la misma, sin que parezca que pueda tener fin en el corto plazo, poniendo en riesgo a la inocente sociedad civil, como lo fue hace poco el caso de un joven vendedor de flores y entusiasta futbolista que murió alcanzado por una bala víctima de un fuego cruzado, lo que conmocionó a la ciudadanía.

Es en este contexto de inseguridad y de peligro que la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez impulsó la creación y conformación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, misma que está integrada por un presidente, un secretario ejecutivo y varios comisionados, y la cual tendrá como objetivo precisamente custodiar no sólo la libertad de expresión sino, además, la integridad física y moral de los periodistas que ejercen en la localidad, pues en otras ciudades del país los agravios a este gremio han sido considerables y en nuestra entidad ya ha habido algunos indicios de que esto pueda replicarse.

Si bien algunos de los integrantes de esta comisión han hecho un trabajo plausible dentro del ámbito periodístico local (pongo el caso del propio presidente de la misma, Juan Carlos Flores Carrillo), la Comisión en general está visiblemente conformada por periodistas oficialistas que fueron propuestos por medios de comunicación reconocidos públicamente como aliados al gobierno del Estado, tales como Diario de Colima, Ecos de la Costa y Colima Noticias, por mencionar a los más visibles.

Lo que resalta de esta Comisión es, primero, que fue conformada por el propio Gobierno del Estado (que se erigió como juez y parte), en segundo lugar que estuvo integrada por puros medios que el gobierno tiene cooptados y, en tercer lugar, que no hubo un solo integrante de la Comisión que represente visiblemente a los periodistas que critican y hacen señalamientos a la labor de la administración gubernamental actual, lo cual implica un riesgo tácito pues de sucederle algo a alguno de estos miembros del periodismo crítico, el gobierno de Peralta Sánchez podrá usar a toda esta gran Comisión (y a los tentáculos que ésta alimenta) para rápidamente criminalizar a la víctima con ese fácil argumento de “seguro andaba en malos pasos”, imputándole así la culpa al crimen organizado cuando en realidad podría haberse tratado de un evidente crimen de Estado.

Por esta razón, la conformación de esta Comisión preocupa mucho a quienes han venido ejerciendo un periodismo adverso a la actuación del gobierno y de sus instituciones porque sienta éste un precedente inédito de corrupción y cooptación mediática.

Aunque es ciertos que la Comisión apenas inicia sus labores, no es descabellado pensar que por los datos antes mencionados ésta pueda ser más perjudicial que benéfica para la vida democrática, social y, más específicamente, para las libertades (de expresión, de reunión, etcétera) de los periodistas colimenses, de ahí que sea importante hacer públicas estas inconsistencias y llamar a que otros organismos nacionales estén atentos a lo que pueda pasar en esta pequeña localidad azotada por la violencia.

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