El Ecoparc, a plebiscito

Hoy no hablaré de la ingobernabilidad que permea la vida de los colimenses, crisis que incluso se ha hecho visible a través de los duros cuestionamientos de corrupción hechos recientemente al secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa, sino sobre los riesgos de que esta ingobernabilidad se convierta en caldo de cultivo, paradójicamente, para que la autoridad estatal cometa más actos arbitrarios en contra de la ciudadanía. Algunos de estos actos arbitrarios tienen que ver con aquellas decisiones de gobierno que fueron tomadas de forma unilateral y sin haber siquiera tomado el pulso ciudadano, o yendo deliberadamente en su contra.

El caso del Ecoparc es, al día de hoy, emblemático, pues surgió desde la opacidad y pronto se convirtió en un agravio para la sociedad. Se dijo que esta concesión a una empresa privada (Fiesta Safari S.A. de C.V) beneficiaría a los habitantes de nuestra entidad, pero ni siquiera se tuvo que esperar a su apertura para que nos diéramos cuenta de que había turbiedades evidentes en esto que los colimenses vemos ya como parte de nuestro patrimonio. Incluso se criticó que en el contrato el gobierno se comprometiera a pagar el agua y la luz de un Parque que serviría de negocio a particulares, además de que tendría un costo de entrada de 30 pesos para adultos y 25 para niños.

El gobierno del Estado se ha defendido de esta embestida social argumentando que ahorrará más de 8 millones de pesos con esta concesión que se pactó en principio para diez años aunque con la posibilidad de renovación para otros diez, pero a la ciudadanía no termina de convencerle la idea de esta privatización y otras negociaciones que el gobierno estatal ha hecho bajo la sombra del sospechosismo.

Por eso, es legítima la iniciativa que está impulsando la ex candidata perredista a la gubernatura Martha Zepeda en el sentido de solicitar al consejo general del Instituto Electoral del Estado la implementación de un plebiscito a fin de que sea la propia ciudadanía la que decida si esta concesión sigue o se detiene. De ser adverso el resultado de esta consulta al gobierno estatal entonces se sentará un precedente importantísimo pues de aquí en adelante el gobierno tendrá que pensar dos veces en tomar decisiones que impacten negativamente en la sociedad, dejándole de hacer como lo hizo con el Ecoparc: unilateral y arbitrariamente.

Lamentablemente, como lo dijo Hernando de Soto, nuestros países no son capitalistas ni socialistas, sino mercantilistas, de manera que “la vida económica no se rige por el mercado sino por las decisiones y reglamentos que emanan del Estado, así que la frontera entre política y negocios es especialmente borrosa”, lo cual, para el caso del Ecoparc, no estaríamos exentos de pensar mal (influencias, moches, etcétera) para poder acertar.

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