El Supremo Tribunal de Justicia de Colima: nueva crisis

Llegó a mi bandeja de correo electrónico información precisa sobre el despido del proyectista del Supremo Tribunal de Justicia de Colima Rumualdo García Mejía, adscrito a la Segunda Sala Penal de dicho tribunal, cuya titular es la magistrada Rocío López Llerenas.

En el comunicado se especifíca que tal despido fue una decisión del pleno y que tal decisión estuvo motivada por las prácticas indebidas que este funcionario realizó en agravio de la institución y de la sociedad, por lo que se tomó la determinación de rescindirle el contrato. Hasta aquí no hay motivos para que un asunto de esta naturaleza pase a mayores: hay un funcionario que realiza prácticas indebidas, una denuncia de un agraviado, una decisión de despedir al funcionariopor parte del pleno de nuestro máximo órgano de justicia local y asunto arreglado.

Sin embargo, el problema surgió cuando la magistrada titular de la Segunda Sala Penal, la licenciada Rocío López LLerenas, se opuso a que la diligencia de resguardo de bienes muebles fuera ejecutada: un video muestra claramente a la licenciada impidiendo la ejecución de lo determinado por el pleno del tribunal, del que ella misma forma parte.

Se colocó en la puerta y, olvidando completamente que es ella y nadie más la personificación de la justicia, dijo prácticamente que tenían que pasar por encima de ella. Surgen muchas preguntas al respecto, entre ellas: ¿por qué la magistrada intentó impedir la impartición de justicia?, ¿había algo que intentaba esconder no sólo a la institución a la que pertenece sino a la sociedad en general, a la cual debe sus funciones? ¿ella imparte una justicia
sin creer ella misma en la justicia? ¿qué nos quiso decir con tal desacato de la ley: que ella cree más en la Ley de la Selva que en nuestro estado de Derecho? Una actitud así, como la de la magistrada, nos está diciendo mucho más de lo que podríamos pensar: que los que imparten la justicia en nuestro Estado ni siquiera creen en su estado más sedimentario: la legalidad.

Hay algo de lo cual todavía no se ha hablado y tendría que ponerse sobre la mesa: ¿el desacato de la magistrada, documentado en el video que ya circula en las redes, quedará también impune? Si el pleno del Tribunal no sanciona esta conducta, su delito de omisión quedará también en evidencia.

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