Las marchas y el estado de Derecho

De unos meses a este día, las marchas en México se han convertido en una fiebre. Sin embargo, nadie se ha acostumbrado a ellas, pese a que se anuncian y se ven todos los días, provocando verdaderas tribulaciones sociales.

 

Antes se tiraban a la calle sólo para protestar contra algo o alguien. Hoy, incluso, se alzan para promover campañas en favor de causas nobles: el cáncer de mama, el abandono de los adultos mayores, la ecología. Las marchas, hoy por hoy, han adquirido la categoría de un tribunal de justicia.

 

Como las redes sociales, han creado poco a poco en el imaginario colectivo la sensación de que son la única vía de transformación y progreso social. Sólo en la capital del país ha habido, en lo que va del gobierno de Miguel Ángel Mancera, más de dos mil doscientas marchas, de toda índole. Las más frecuentes son ahora llevadas a cabo por la CNTE para detener las iniquidades de la reforma educativa.

 

Las marchas son una pesadilla para el transeúnte que no tiene nada que ver con los reclamos o protestas de los manifestantes, a menos que forme parte de sus intereses. El ciudadano común, entonces, se ve afectado en su derecho a su libre tránsito, pues aunque la libertad de manifestación está garantizada en la Constitución, también lo está la libertad de tránsito, en su artículo 11.

 

Ha llegado la cultura de la marcha a tan descabelladas dimensiones que los manifestantes de un gremio (Antorcha Campesina, Frente Popular Francisco Villa, El Barzón, los más populares) suelen apoyar a los de otro gremio ajeno, a fin de que la marcha tenga más impacto y mejores resultados. Aundado a esto, las marchas dejaron de ser lo que eran para pasar a convertirse en verdaderos actos de vandalismo.

 

Si la marcha no bloquea una carretera, no detiene el tráfico por horas en una avenida, no causa destrozos en autos o casas, entonces no es una marcha que se jacte. Pero esto no es lo peor: lo peor es que hace unos días el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos, Raúl Plascencia Villanueva, se pronunció en favor de una ley que regule las marchas en el país. Dijo que de este modo las autoridades sabrán cómo y en qué momento actuar y con qué respaldo legal.

 

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Jorge Dávila Flores, enfatizó que la medida se hacía necesaria porque “la violencia no sólo lesiona la economía de las empresas, sino que daña también la imagen del país, pues ahuyenta al turismo nacional y extranjero”.

 

Nadie, por supuesto, estará en favor de las marchas, sobre todo cuando se es víctima de ellas, pero si no se entiende que estas manifestaciones (en un país que se dice democrático) no son más que el indicio más claro de que nuestro estado de Derecho está averiado, entonces no habrá reglamentación que detenga este reclamo social. La sociedad no se echa a la calle nada más por divertirse. No camina de la alejada provincia a la capital del país nada más para hacer deporte. No se irrita nada más por salud mental.

 

Las marchas sólo reflejan el hartazgo producido por la injusticia social y por la imposibilidad de obtener justicia a través de los tribunales debidamente establecidos para ello. Por lo demás, las marchas dañan la imagen de nuestro país, sí, pero nunca jamás como lo hace la corrupción y la injusticia de nuestros gobiernos.

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