Michoacán: la violencia tiene porvenir

Cuando no hay común superior en
el mundo a quien apelar, estado
es de guerra

John Locke

El surgimiento de los llamados grupos de autodefensa en Michoacán, modelo que –se quiera o no- tiene resonancias colombianas y, además, es una malformación de las policías comunitarias de Guerrero, no ha hecho sino confirmar lo que ya todos sabíamos: que el sistema político mexicano se encuentra en un total estado de descomposición (principalmente derivado de la corrupción política y empresarial) y que, como consecuencia de ello, nuestro estado de Derecho agoniza.
Aun cuando se ha querido ver en las “autodefensas” una vía para terminar con la violencia en Michoacán, estado azolado por el cártel de los Caballeros Templarios, principal adversario de estos grupos civiles de insurgencia, nada hay más lejano.
Si bien hace unos días el gobierno federal legalizó a estos grupos que operaban fuera de la ley, además de ponerlos a laborar en coordinación con las fuerzas militares, poco o nada se sabe sobre los más de 20 mil civiles que integran las autofedensas, sobre todo porque hay versiones que indican que muchos de sus miembros pertenecen a cárteles rivales de los Caballeros Templarios, lo que se convertiría en un verdadero peligro para la esperada paz michoacana.
Tampoco se sabe qué Estado, desde esta perspectiva, impondrá penas a los delitos cometidos por las “autodefensas”, quienes portan armas de alto calibre y aseguran que su financimiento proviene de la recolecta entre pobladores, terratenientes y del apoyo de paisanos residentes en Estados Unidos. ¿Será de verdad así? Al menos al día de hoy, ni el gobierno estatal ni el federal han dado informes detallados al respecto.
Por eso, mal hizo el gobierno en institucionalizar a estos grupos que han operado ilegalmente, sobre todo en un momento en que el gobierno de Michoacán ha demostrado absoluta incompetencia.
Como lo han expresado analistas extranjeros, en otras partes del mundo la coordinación entre las fuerzas de seguridad formales (el Estado) e informales (las autodefensas, en este caso) han resultado positivas, pero siempre que el Estado prueba que cuenta con un sólido sistema legal y de justicia, lo que no es el caso en el gobierno de Michoacán, más bien ausente y, en ese sentido, alejado de su principal responsabilidad: la de mantener la paz y el orden social.
El surgimiento de los grupos de autodefensa ha sido aplaudido por los adversarios del gobierno de Peña Nieto, principalmente por la izquierda más radical, que enfatiza el valor civil y la conciencia patriótica de estos insurgentes, hastiados de los desmanes ocasionados en sus familias y propiedades por los Caballeros Templarios, pero en realidad lo mejor habría sido que el Estado desarmara a unos (Templarios) y a otros (autodefensas), procesara a aquellos que cometieron delitos y volviera a encauzar el desarrollo del estado.
Ese habría sido el camino más complicado, es cierto, pero el más efectivo.
Con la legalización de los grupos de autodefensa, sin embargo, la violencia tendrá mejor porvenir.

 

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