Pacto político y narcotráfico

La nota que ha cimbrado a la clase política mexicana (que la ha cimbrado desde las entrañas) ha sido la relacionada con el crimen del hijo del ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira.

 

El joven José Eduardo Moreira, que se desempeñaba como coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en la administración de su tío Rubén Moreira, fue acribillado y abandonado en el camino al ejido de Santa Eulalia, municipio de Ciudad Acuña. Estaba casi recién casado y se había estrenado como padre hacía apenas unos meses.

 

Hay una imagen muy emotiva, incluso, de Humberto Moreira abrazando a su nieto recién nacido.

 

No hace mucho parecía que los Moreira lo tenían todo, pero de un tiempo a esta parte los reveses sufridos por esta familia política han ido sepultando su brillante trayectoria en el poder, desde que los escándalos financieros de Humberto Moreira lo obligaran a renunciar a la presidencia del PRI a nivel nacional.

 

El crimen del hijo de Humberto Moreira es emblemático y tiene que ver con la dinámica que, en una conferencia reciente, diera Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana.

 

Buscaglia ha advertido sobre las formas en que ha operado siempre el narcotráfico en México, enfatizando específicamente la relación “muy articulada” que éste ha tenido con el poder político a través de una detallada descripción sobre cómo la delincuencia organizada era gestionada en el pasado por el partido único de estado, PRI, quien le asignaba mercados a cada grupo criminal, así como bienes y servicios ilícitos.

 

Fue la pérdida de representatividad  como partido único y su consecuente fragmentación lo que también cambió la forma de relación con el narco, cambiando así las reglas del juego: ahora ya era el narcotráfico el que gestionaba, cada vez más ferozmente, los “pedacitos de Estado”.

 

El mayor problema es que el presidente Calderón eligió una estrategia contraproducente en donde el remedio resultó peor que la enfermedad, pues si bien se ha dedicado a reprimir duramente a los grupos criminales nunca ha tocado su dimensión patrimonial: “77% de los sectores económicos formales del PRI están infiltrados por la delincuencia organizada”,  afirma Buscaglia.

 

Cuando en Colombia la situación del narcotráfico llegó a los “umbrales de dolor”, esto es, cuando la “elite política” colombiana, esa que era muy amiga de los grupos criminales y departía con ellos en fiestas privadas, empezó a ser devorada y sus hijos masacrados, tuvieron que llegar a un pacto político que incluyó a todos los partidos.

 

Un pacto político de verdad, ya.

 

Este se concretó durante el gobierno de Uribe, en la Convención de Palermo, e incluía cuatro pilares: represión, prevención social, combate a la corrupción política en el más alto nivel y desmantelamiento patrimonial.

 

De las cuatro anteriores, el único cumplido por el gobierno de Calderón ha sido el primero.

 

Esto nos remite de nuevo al reciente asesinato del joven Moreira, que nos recuerda ese “umbral de dolor” que en Colombia obligó a la clase política a desmaquillarse y a arrancar de verdad al narcotráfico de sus entrañas.
Ahora el crimen organizado ha asesinado a un hijo de la “élite política” del PRI, que, en breve, volverá a tener las riendas de toda la nación.

 

¿Esperamos un mensaje más claro?

 

 

 
 
 

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