Presunto culpable: la justicia amordazada

Hace un par de días la juez 17 de lo Civil, María del Rosario Mancera, sorprendió al país con el fallo impuesto a los creadores del documental Presunto culpable, Roberto Hernández y Layda Negrete.

La pena: el pago de 3 mil millones de pesos.

El argumento: daño moral en agravio de dos personas que aparecen en el film, Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial, y Víctor Reyes Bravo, testigo.

Para aquellos que no lo recuerden, Presunto culpable no hizo sino mostrar, esencialmente, las gravísimas deficiencias del sistema judicial mexicano, poniendo a la luz, en este caso, la injusticia cometida contra un joven que había sido encarcelado sin haber existido pruebas contundentes para ello.

El documental muestra, más allá de cualquier deficiencia en el procedimiento, una verdad irrefutable, sobre todo para aquellos que conocemos de cerca el sistema judicial, en el que, dicho sea de paso, yo mismo trabajé por ocho años.

Esta verdad que muestra el documental no fue revelada para causar daños morales a un particular u otro (como en el caso del ex policía o el testigo) sino para, finalmente, contribuir al mejoramiento de un sistema judicial corrompido e injusto.

A la juez habría que recordarle dos cosas importantes. En primer lugar: que si bien el documental ha causado un daño moral en algunas de las personas involucradas en la cinta, al dar a conocer el lado oscuro de nuestro sistema judicial también ha despertado la conciencia de toda la población, como lo demuestra el hecho mismo de haberse convertido en el documental más visto en la historia de nuestro país, y es sabido que el bien común conforme a la justicia debe ser preferido al bien privado.

En segundo lugar, y por si lo anterior fuera poco, habría que invocar un apartado del Tratado de la Ley, de Santo Tomás de Aquino, que debería rectificar la resolución judicial emitida recientemente.

 

Escribe Santo Tomás: “porque el legislador no puede prever todas las circunstancias particulares, instituye las leyes que dirigen la mayor parte de los casos hacia su intención del bien común. Por tanto, si se dan casos en los cuales la observancia de tal ley es dañosa para el bien común, en tales circunstancias la ley no ha de observarse”.

Por demás sabido es que el fin último de la ley es la justicia. Pero habría que agregar: y la primera debe callarse cuando la aplicación de la segunda esté en peligro.

La necesidad de un cambio profundo en nuestro sistema judicial, y en nuestro propio estado de Derecho, es hoy irrefutable. Esta necesidad de cambio la promueve un documental como Presunto culpable y, por eso mismo, haberlo incriminado de tan artera forma no hace sino confirmar la vieja sentencia, otra vez: “lo correcto se conoce en lo torcido”.

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